La reciente aprobación en el Congreso de la ley de usurpaciones ha generado un fuerte debate en la sociedad. Uno de los aspectos más cuestionados de esta nueva legislación es la inclusión de la legítima defensa privilegiada, una medida que resulta preocupante y cuestionable desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, debemos recordar que la legítima defensa es un derecho que busca proteger a las personas frente a una amenaza inminente de daño físico o moral. Sin embargo, la inclusión de la legítima defensa privilegiada en la ley de usurpaciones parece ir más allá de este principio básico de protección y seguridad.
Al otorgarle a los propietarios de viviendas o terrenos la posibilidad de ejercer la defensa con mayor libertad y menos restricciones legales, se abre la puerta a potenciales abusos y casos de violencia innecesaria.
En segundo lugar, cabe destacar que la ley de usurpaciones debe ser analizada a partir de su contexto social y económico.
En un país como Chile, caracterizado por la desigualdad y la concentración de la riqueza en determinados sectores, resulta necesario cuestionar si esta medida no favorece aún más la situación de privilegio de aquellos que ya cuentan con propiedades.
En lugar de promover el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, la legítima defensa privilegiada podría contribuir a profundizar la lucha de clases y la polarización en la sociedad.
Por otro lado, resulta fundamental recordar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. En este sentido, la ley de usurpaciones y la legítima defensa privilegiada parecen delegar parte de esta responsabilidad en manos de los individuos, creando un escenario peligroso y desequilibrado.
En lugar de fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y resolver los conflictos, esta medida alimenta la idea de que cada persona debe tomar la justicia por sus propias manos, generando un ambiente propicio para la violencia y la venganza.
Con todo, la legítima defensa privilegiada incluida en la ley de usurpaciones recientemente aprobada, plantea serias preocupaciones desde una perspectiva crítica.
Resulta necesario repensar esta medida y buscar alternativas que promuevan el diálogo, la justicia y la igualdad. Es por ello que la decisión del gobierno de vetar está ley es acertada, justa y consciente del deber del estado de abordar las problemáticas sociales y de Vivienda con firmeza.
Por último, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos deben ser garantizados por el Estado, y no pueden ser dejados en manos de quienes ya cuentan con privilegios. La consecuencia podría ser un aumento de la violencia y una mayor desigualdad en nuestra sociedad.
Patricio Neira / Director Verdesporchile.cl
